La venta en 2008 de 200.000 hectáreas en La Rioja que incluyeron a toda una comunidad sirvió como antecedente para limitar la propiedad extranjera en 2011. Hoy, el debate vuelve al centro de la escena política ante el proyecto oficial para reformar o flexibilizar la normativa vigente.
La controversia en torno a la reforma de la Ley de Tierras trajo nuevamente a debate el emblemático caso de Valle Hermoso, una pequeña localidad riojana que en 2008 fue vendida a un inversor estadounidense dentro de un lote de 200.000 hectáreas. Aquella operación inmobiliaria no solo incluyó campos y cordones montañosos, sino también a la población completa, junto con su escuela, capilla, puesto sanitario y las fuentes de agua de la zona. El episodio expuso un grave vacío normativo en la regulación del suelo rural en Argentina y derivó en un extenso conflicto legal para evitar el despojo de los habitantes.
Frente al avance del proyecto del Ejecutivo nacional que busca derogar o modificar la Ley 26.737 —norma sancionada en 2011 que fija un límite del 15% a la propiedad extranjera sobre tierras rurales y protege recursos hídricos—, el caso de Valle Hermoso volvió a cobrar relevancia como antecedente. Mientras desde el oficialismo se argumenta que la legislación actual desincentiva las inversiones privadas, quienes rechazan la iniciativa alertan sobre los severos riesgos que implicaría eliminar las restricciones al dominio extranjero sobre territorios estratégicos.
En ese marco, el fiscal de Estado de La Rioja, Emilio Rodríguez, quien lideró la representación judicial de los pobladores, reivindicó la batalla legal de más de una década que permitió reconocer la posesión efectiva de los habitantes sobre sus tierras. Rodríguez recordó que la venta se realizó mediante un remate clandestino en el que el comprador adquirió la titularidad registral sin contar con la posesión real ni presentar los proyectos de desarrollo requeridos por norma. Asimismo, remarcó que ese antecedente fue el principal motor para la sanción de la Ley de Tierras vigente.
Por último, el funcionario riojano advirtió que modificar o flexibilizar los controles actuales representa una amenaza directa para la soberanía y la seguridad nacional. Desde su perspectiva, la ley vigente no prohíbe las inversiones extranjeras, sino que establece topes razonables y necesarios para resguardar las fuentes de agua y la integridad territorial. Por ello, instó a defender los límites fijados por la normativa actual frente a los intentos del Gobierno por eliminar las restricciones al capital extranjero.
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